La llegada de atún de Asia amenaza el futuro del sector conservero en la UE

Gigantes conserveros asiáticos y norteamericanos preparan una invasión de atún en el mercado europeo aprovechando el coladero en el que se ha convertido Papúa-Nueva Guinea tras los acuerdos de comercialización ventajosa suscritos con Bruselas.

Desde enero del 2010, las latas de atún procedentes de este país del sudeste asiático y de las islas Fiyi se pueden colocar en toda Europa sin pagar aranceles y sin que los obliguen a abastecerse de materia prima en su entorno, como le ocurre a las plantas españolas instaladas en todo el mundo, exoneradas de pagar un arancel del 24% pero obligadas a autoabastecerse en los caladeros donde tienen instaladas sus plantas.

En apenas nueve meses, Europa recibió cerca de 15.000 toneladas de atún llegadas de Papúa, que ya ha copado en este tiempo récord un 3% del mercado de la Unión, con precios situados hasta un 35% por debajo de las latas fabricadas en España (y no hay que perder de vista que el 85% de la producción española sale de Galicia).

Los grandes grupos tailandeses, filipinos y norteamericanos han visto en Papúa un canal de penetración perfecto y no quieren desaprovechar este filón. Hasta cinco multinacionales de estos países han iniciado la construcción de macroplantas en varios puntos de Nueva Guinea. En conjunto, suponen una inversión superior a los 240 millones de euros, con una previsión de generar 36.000 puestos de trabajo entre este año y el 2011, y producir más de 200.000 toneladas anuales, tanto atún como fabrican en la actualidad las 67 conserveras gallegas.

El sector español, y especialmente el gallego, cree que en tan solo un año las primeras exportaciones salidas de estas plantas coparán por encima del 15% del mercado de la Unión Europea. En la actualidad, Galicia vende en Europa algo más de 93.000 toneladas de atún en conserva, el 50% de marcas propias y la otra mitad en marcas blancas comercializadas por las grandes cadenas de distribución. Lo realmente grave es que siete de cada diez latas fabricadas por las conserveras gallegas llevan atún. Por eso, cualquier golpe de mercado en esta especie podría provocar un shock en el sector.

La sordera comunitaria

La patronal española se ha dirigido a Bruselas para que rectifique su política de permisividad con Papúa y las islas Fiyi, unas facilidades que podrían extenderse en los próximos años al conjunto de pequeños Estados del Pacífico.

De momento, Bruselas ha hecho oídos sordos a las quejas españolas, fundamentalmente gallegas. Juan Vieites, secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (Anfaco), señala que si el año que viene no se revisa el convenio con estos países, la industria gallega podría comenzar a verse seriamente afectada. «Existe un riesgo real de deslocalización», apunta.

A principios del 2010, el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, ya propuso a las empresas españolas que fueran pensando en instalarse en el sudeste asiático como alternativa a esta competencia. El consejo de Barroso provocó incluso que el presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, le pidiese oficialmente una rectificación.

Quienes sí han escuchado a Barroso han sido los gigantes asiáticos y estadounidenses. En estos momentos, la región papú de Madang alberga un parque marino de 348 hectáreas donde cabrán hasta diez macroplantas transformadoras de pescado. Tres de ellas están ya en obras, con una inversión global prevista que ronda los 218 millones de euros. Se trata de South Seas Tuna Corporation, una de las mayores conserveras de atún de los Estados Unidos, con sede en Denver (Colorado); y las filipinas RD Tuna y Frabelle Fishing, esta última situada entre los seis mayores productores mundiales.

Segundo polígono

En Loe, otra región de Papúa, se construye el segundo gran polígono conservero. La primera macroplanta está ya en obras, producto de una joint venture de Frabelle con la tailandesa Thai Union, otro líder mundial del sector; y con la filipina Century Caning. La inversión supera los 22 millones de euros. Pese a las denuncias ecologistas surgidas en Papúa, el Gobierno asegura que a estas inversiones le seguirán otras aún mayores.