domingo, 12 de diciembre de 2010

La mayoría de la UE respalda avanzar sin España e Italia en la patente europea

Una amplia mayoría de Estados miembros ha respaldado avanzar sin España e Italia mediante una 'cooperación reforzada' en la creación de una patente europea que reduzca los costes para los innovadores. Madrid y Roma han amenazado con recurrir el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y llevarlo a la cumbre de líderes europeos que se celebra el 16 y 17 de diciembre por considerar que vulnera el Tratado al discriminar al español y al italiano.
   Durante un debate público celebrado durante el Consejo de Competitividad de la UE, la práctica totalidad de los países ha apoyado el lanzamiento de la 'cooperación reforzada' para la patente por considerar que no existe otra alternativa para sortear el veto de España e Italia. Un total de 11 países -Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia, Suecia y Reino Unido- habían pedido formalmente a la Comisión que explorara este procedimiento.
   El comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, ha anunciado que el próximo martes 14 de diciembre presentará su propuesta para iniciar la 'cooperación reforzada'. Barnier ha recordado que hace 30 años que se habla de la patente europea y que hace 10 años que se encuentra bloqueada porque "la unanimidad no es posible".
   Además, ha insistido en que no habrá ninguna discriminación para ninguna empresa de un país que no se una enseguida a la cooperación reforzada. Todas las compañías podrán utilizar esta patente cuando exista, incluso aunque estén situadas en un país que no participa en la cooperación.
   La patente europea reducirá a una décima parte los costes para las empresas y los situará al mismo nivel que los de las compañías de EEUU y Japón, según ha destacado la presidencia belga.
   La mayoría de países de la UE acepta que la patente comunitaria se examine y se conceda en inglés, francés o alemán, dejando fuera al resto de lenguas. La patente concedida se publicaría en una de estas lenguas y esta versión sería el único texto auténtico, esto es, jurídicamente vinculante. España e Italia rechazan este plan porque consideran que margina al español y al italiano.
DISCRIMINACIÓN DEL ESPAÑOL
   "Nosotros no vamos a aceptar una posición subordinada para el español en el sistema de patentes de la UE", ha resaltado tras la reunión el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, que ha acusado a Barnier de no haber buscado el consenso con España e Italia.
   López Garrido ha insistido en que el lanzamiento de la 'cooperación reforzada' "no casa con el espíritu y la letra del Tratado". "Los regímenes lingüísticos en la UE exigen la unanimidad para ser aprobados", ha dicho, y además "no se dan las condiciones" para iniciar un procedimiento a dos velocidades porque no se han agotado las vías para un acuerdo por unanimidad.
   España no descarta llevar esta cuestión a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno porque se trata de un tema de "enjundia política de máximo nivel" y también podría acudir al Tribunal de Luxemburgo una vez se apruebe la patente, ha subrayado el secretario de Estado.
   "Cuando haya ya una propuesta concreta aprobada por el Consejo, en su caso, es cuando se puede actuar ante el Tribunal de Luxemburgo si consideramos que va contra el Tratado", ha dicho. Y ha dejado claro que España no reconocerá esta patente europea. "Para poder proteger una patente en España tiene que estar registrada en español", ha apuntado.
   La patronal CEOE ha hecho público un comunicado en el que asegura que suscribe "plenamente" los planteamientos de López Garrido "en contra de que se imponga a las empresas españolas que innoven y defiendan sus innovaciones en francés, inglés y alemán".
   En opinión de la CEOE, una "cooperación reforzada" en materia de patente UE "constituye un serio riesgo para el Mercado Interior, un peligroso precedente en el futuro y la creación de importantes desventajas competitivas".
   "Si la cooperación reforzada es aceptada como medio para que algunos Estados miembros impongan sus intereses, en ámbitos en los que se requiere la unanimidad, el espíritu y los principios de la Unión serían seriamente violados", concluye el comunicado.

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