Una jueza de Lugo detiene al director y a un subdirector del Igape y a seis empresarios
Se investiga si una red de empresas recibían, a través del organismo de la Xunta, subvenciones de la UE para proyectos que no se llevaban a cabo. El operativo fue ejecutado en Santiago y Lugo por personal de la Agencia Tributaria.
El director xeral del Igape y uno de sus subdirectores, así como varios empresarios lucenses, son algunos de los detenidos ayer en el marco de la operación Campeón que dirige la jueza Estela San José Asensio y que desarrolla la Agencia Tributaria . La magistrada investiga una trama para defraudar subvenciones públicas. Fueron detenidas 15 personas, que podrían haber cometido los delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
El hilo principal de la investigación es un entramado, detrás del cual estaría el empresario lucense Jorge Dorribo, detenido ayer, consistente en la concesión de subvenciones públicas para proyectos fantasma presentados por una veintena de empresas, la mayoría de las cuales estarían relacionadas con el industrial detenido y con otros que colaborarían con él. Los investigados contarían, según la Agencia Tributaria, con el presunto asesoramiento de personal del Igape. Anoche, la Agencia hizo público un comunicado en el que dio por desmantelado el grupo.
Entre los detenidos figuran la esposa de Jorge Dorribo, empleados de la empresa de este y responsables de Proitec, un gabinete técnico y de asesoramiento.
Los registros y apresamientos llevados a cabo ayer en Lugo y Santiago no fueron fruto de la casualidad. La jueza abrió el año pasado unas diligencias al tener constancia de las presuntas irregularidades que podría estar cometiendo Jorge Dorribo con su principal empresa, Laboratorios Nupel, dedicada a la venta de productos farmacéuticos, preservativos, jeringuillas y otros artículos. Agentes de Vigilancia Aduanera venían siguiendo algunos movimientos del industrial. Al comprobar la relevancia de los delitos, la jueza preparó los registros, sin embargo esperó a llevarlos a cabo después de las elecciones para evitar que se interpretase como una maniobra para perjudicar a algún partido.
En principio, las sospechas hacia Dorribo apuntaban a la presunta comisión de delitos económicos, pero con el avance de las pesquisas los investigadores se encontraron con un entramado que, supuestamente, tenía como prioridad conseguir subvenciones públicas para proyectos muy dudosos y empresas que pudieron haber sido creadas única y exclusivamente para conseguir fondos de la Unión Europea. De ahí que la jueza hubiera ordenado la detención de los dos altos cargos del Igape e incluso que diese orden de buscar documentación en este organismo público relacionada con algunas empresas.
Los agentes solicitaron en el Igape información sobre una veintena de firmas, pero solo había expedientes de tres. Esas industrias habrían sido creadas en los últimos años por Dorribo, con la colaboración y participación de otros lucenses.
Los investigadores tratan de determinar cuántas subvenciones otorgó el Igape a las empresas de Dorribo, a cuáles y para qué. Y lo que parece más importante: si las ayudas con dinero público fueron justificadas convenientemente. De hecho, alguno de los delitos que se imputaría a personas investigadas serían los de cohecho, contra la Administración pública y prevaricación.
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